La Ley del canal de denuncias es la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Esta ley transpone al ordenamiento jurídico español las directrices de la Directiva (UE) 2019/1937 (Directiva Whistleblowing), cuyo objetivo es crear un marco regulatorio común para los canales de denuncia internos y la protección de las personas que informen sobre irregularidades cometidas en el seno de las mismas.

La Ley del canal de denuncias ofrece protección a cualquier persona que trabaje o haya trabajado en el ámbito público o privado y que haya presenciado o tenga información sobre irregularidades administrativas o penales en el entorno laboral o profesional. Esto incluye a empleados públicos, trabajadores por cuenta propia, accionistas, directivos, supervisores, contratistas, subcontratistas, proveedores, voluntarios, becarios y candidatos en proceso de selección.

Puede acceder a la ley aquí